El Tiempo Político, 9 de noviembre 2021

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Martes, 9 de noviembre de 2021

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¡Buenas noches! 🌛

Los funcionarios de Trump hicieron campaña con el dinero de los contribuyentes. Biden permitirá que se redirijan fondos federales para desbloquear la cadena de suministro. El republicano Josh Hawley culpa a la izquierda de la falta de hombres que trabajen. Schumer celebra el plan de infraestructura con merengue.

"Cuando la Casa Blanca opta por ignorar los requisitos de la Ley Hatch —como sucedió en la administración Trump—, no existe ningún mecanismo actualmente para responsabilizar a los altos funcionarios de la administración por violar la ley”, dice el informe de la OSC.

13 funcionarios de la administración Trump, incluido su yerno, su jefe de gabinete y quien fue su secretario de Estado, hicieron campaña ilegalmente violando la Ley Hatch, que data de 1939 y limita la actividad política partidista de los empleados federales, reveló una investigación de la Office of Special Counsel (OSC), dedicada a velar por el cumplimiento de cuatro leyes, entre ellas la Ley Hatch. Muchos funcionarios abusaron de sus cargos días antes de las elecciones presidenciales del año pasado, según este informe. El presidente Trump, que era el encargado de disciplinarlos, más bien permitió que promovieran su reelección al cargo, a pesar de que era ilegal y de las advertencias de altos funcionarios en ética.Te contamos más sobre este caso en El Tiempo Latino.

• Algunos de los 13 colaboradores de Trump mencionados en el informe incluyen al secretario de Energía, Dan Brouillette; la consejera Kellyanne Conway; la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah; el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows y el secretario de Estado, Mike Pompeo.

• “En cada uno de estos casos, los altos funcionarios de la administración utilizaron su autoridad o influencia oficial para hacer campaña a favor del presidente Trump. Con base en la reacción de la administración Trump a las violaciones, OSC concluye que la inferencia más lógica es que la administración aprobó estas actividades de campaña financiadas por los contribuyentes”, se lee en el informe.

• Algunos ejemplos: Mike Pompeo y Chad Wolf (secretario interino de Homeland Security) violaron la ley a través de sus acciones durante la Convención Nacional Republicana, que tuvo lugar en la Casa Blanca debido a la pandemia. El resto de los funcionarios violaron la ley al hacer campaña abiertamente “durante entrevistas oficiales o apariciones en los medios”.

• “La Ley Hatch es tan efectiva para garantizar una fuerza laboral federal despolitizada como el presidente decida que será. Cuando la Casa Blanca opta por ignorar los requisitos de la Ley Hatch —como sucedió en la administración Trump—, no existe ningún mecanismo actualmente para responsabilizar a los altos funcionarios de la administración por violar la ley”, dice el informe de la OSC.

Varias organizaciones exigieron este martes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que beneficie a Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), cuya exclusión actual es evaluada por el tribunal. Foto: EFE

• La administración de Biden anunció que permitirá que las autoridades portuarias redirijan los ahorros de costos de los proyectos federales existentes para aliviar los cuellos de botella de la cadena de suministro. Según funcionarios, el nuevo cambio permitirá a la Autoridad Portuaria de Georgia redirigir más de $8 millones para financiar nuevos patios de contenedores emergentes en su estado y Carolina del Norte. Además de esto, también se estableció un plan de acción para acelerar las disposiciones relacionadas al puerto en el proyecto de ley bipartidista de infraestructura.

• El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), Phillip Swagel, dijo que los legisladores demócratas tendrían que esperar por una puntuación completa sobre su proyecto de gasto social – conocido como Build Back Better – que será votado por la Cámara de Representantes. Aunque Swagel afirmó que los estimados para algunas secciones comenzarán a ser publicados la semana que viene, no dio fecha exacta para publicar el costo total de la legislación e informó que será develado “tan pronto como sea posible”.

• La farmacéutica Merck, junto con Ridgeback Biotherapeutics, anunció que el gobierno de EE UU está dispuesto a comprar 1.4 millones de dosis adicionales de su píldora anti COVID-19, si la FDA concede la autorización de uso de emergencia para el molnupiravir, una medicina contra la gripe que fue renombrada por la compañía. Con esta compra adicional, el gobierno estadounidense ha encargado un total de 3,1 millones de píldoras de molnupiravir por un valor aproximado de $2.200 millones y tiene la opción de comprar 2 millones de pastillas más.

• Van casi dos años desde que inició la pandemia por COVID-19, pero siguen proliferando los mitos al respecto de la enfermedad y su vacuna. En un estudio hecho por Kaiser Family Foundation (KFF) —una organización sin fines de lucro que le hace seguimiento a temas de salud en EE UU— el 78% de los adultos del país cree total o parcialmente algunas afirmaciones falsas sobre el virus. El reporte titulado “La desinformación del COVID-19 es ubicua” reveló que noticias falsas que tuvieron mayor incidencia de creyentes entre los encuestados fueron: 1. El gobierno exagera las cifras de enfermos; 2. Mujeres embarazadas no deberían vacunarse; 3. El gobierno está ocultando las muertes por vacunación.

• El senador republicano Josh Hawley aseguró que la izquierda ha atacado la masculinidad, y por eso hay cada vez menos hombres trabajando en EE UU: “Un hombre es padre, es esposo, es alguien que asume su responsabilidad. Como conservadores, tenemos que llamarlos de nuevo a su responsabilidad. Tenemos que decir que pasar tu tiempo sin trabajar… gastar tu tiempo en videojuegos, pasar tu tiempo viendo pornografía en línea sin hacer nada no es bueno para ti, tu familia o este país”, respondió Hawley en entrevista con Axios.

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Susan Jeffe de The Washington Post explica estas ofertas engañosas.El populismo sanitario: una política letal

Carlos Gutiérrez, miembro de la mesa editorial de Connectas, escribe sobre la responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos por las muertes por COVID-19.

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